Escrito por  El Tiempo

Lupa a 10 billones de más para concesionesAdemás de las investigaciones que adelanta la Contraloría General por presunta corrupción en la contratación pública, ese organismo tiene la lupa puesta en las 22 concesiones que se ejecutan en el país.

Nelson Izáquiga, contralor delegado de infraestructura, señaló que la primera sorpresa en la revisión de estos meganegocios es que van a valer más de 10 billones de pesos más de lo que estaba inicialmente presupuestado. Pasaron de 6 billones de pesos a 16,7 billones, y aún no están listos. Esos recursos productos de adiciones a los contratos, fueron aprobados en julio del año pasado. Las autoridades de control advierten que para financiarlos se pusieron en juego las vigencias futuras, estrategia que en su momento recibió críticas.

“Uno de los aspectos que preocupan es la asignación de más plata sin un seguimiento a la ejecución contractual”, señaló el contralor delegado, quien agregó que la entidad revisa los incumplimientos den el tramo Bogotá-Girardot y Briceño-Tunja.

Revisarán multas. En la lista de vigilancia permanente está el proyecto víal Isnos-Paletará en Huila, que ya completa 14 meses inactivo. La contralorá cuestiona que a los responsables slo se le puso una multa de mil millones de pesos, pese a que la interventoría había indicado que las multas debían ser por más de 20 mil millones.

Expertos explican que este caso refleja laxitud del estado al imponer sanciones, pues en la mayoría de los casos no se aplican multas o se imponen las menos severas.

Ante la contraloría señala que el estado debe buscar la manera para que en caso de no pago de multas sea la aseguradora la que asuma la responsabilidad. E igual en quiebras.

Una de las salidas que plantea para acabar con la parálisis de obras o incumplimiento de tiempos pactados es verificar “el músculo financiero” del licitante. Entre las modalidades detectadas por diferentes autoridades está la de empresas o consorcios que se presentan a varios proyectos cuando su capital no alcanza para respaldar uno de estos.

Por ejemplo, cita la Contraloría, hay miembros de consorcios que con un capital de 100.000 milllones de pesos se ganan una licitación de 1 billón de pesos cumpliendo con el requisito de contra con el 10 o el 20 por ciento del total de la obra. Pero luego se presentan a una y otra concesión del mismo valor con los 100.0000 millones de pesos. Al final, respaldan 3 o 4 billones con un capital que no les alcanza para responder.

Y esto ocurre porque el Estado no tiene un sistema de información que le permita verificar la capacidad financiera real de quienes licitan y en cuantos proyectos están participando. El ex zar Anticorrupción Óscar Ortiz ve como indispensable la adopción de una norma que obligue a los que adjudican a revisar la información.


Radiografía de un atraso que frena a Colombia

Los puntos más críticos del país.

Transmilenios de Medellín y Barranquilla.

Canal del dique.

Concesiones Ruta Caribe y Córdoba-Sucre. Adjudicadas entre 2006 y 2007. Al año se les adicionó 1,5 billones. Los ganadores presentaron ofertas por debajo del presupuesto del gobierno.

Doble calzada Buenaventura-Buga. Se inició entre 2006 y 2009, para 103 kilómetros. Invías asumió un tramo de 48 kilómetros, que tiene retrasos de seis meses y está hecho por pedazos, por problemas con suelos y terrenos. El segundo tramo lo tiene la concesión Malla Vial del Valle, con sobrecostos del 6%. Un tercer sector no tiene diseños y no se ha adjudicado. La entrega de la obra total es incierta.

Corredor de la Competitividad. Son vías que conectan las regiones con las principales carreteras. Se adjudicaron en el 2009 casi que a ojo (sin estudios ni diseños) y luego de dos años el faltante ya suma $3,5 billones.

Túnel de la Línea. El gobierno pasado tardó ocho años estructurándolo y no le quedó bien. El túnel piloto inició en 2004, se interrumpió y las pruebas terminaron en 2008. La contraloría detectó atrasos del 42%, lo que postergaría la obra entre 2015 y 2017.

Concesión Bogotá Girardot. Trayecto clave en la ruta a Buenaventura, se concesionó en 2004 y debía estar en el 2010, pero solo estará en 2012. El tramo más crítico es Bogotá Granada donde participaba una empresa del grupo Nule. Este karma tiene 19 alteraciones contractuales, improvisaciones técnicas y graves atrasos en compra de predios.

Sistema ferroviario Central. En septiembre de 2009 hubo una purga en el Inco por indicios de corrupción en la adjudicación del proyecto que obligó la cancelación del proceso. Desde comienzos del año pasado se habla de volver a abrir la licitación.

Río Magdalena. Del aumento de la navegación hasta Puerto Salgar se viene hablando desde el gobierno pasado, con el famoso proyecto Yuma. El dragado debe iniciarse en cuatro o cinco meses, mediante licitación pero el proceso tardará 18 meses. Luego de ello, la idea es entregar el río en concesión.

Doble calzada Bucaramanga-Cúcuta. El tramo se adjudicó en el 2009 por $304.513 millones para entrar en 2013. En año y medio los sobrecostos son del 18 por ciento.

Aeropuerto El Dorado. Se concesionó en 2006 por 250 millones de dólares y su sobrecosto es del 30 por ciento.

Autopista del café. Según Anif, esta concesión, de 270 kilómetros, es la incompetencia vial. Se adjudicó en 1997, aún no está lista y tiene un sobre costo del 68%.

El informe sobre competitividad global 2010-2011 del Foro económico Mundial lo dice con claridad: “ Colombia muestra competitivas fortalezas en la calidad de su entorno macroeconómico, el tamaño de su mercado interno y el sofisticado nivel de sus empresas (…), se requiere más intervención para mejorar las redes de infraestructura y llevarlas a estándares de primera clase”.

Los datos de este reporte son elocuentes: mientras el país ocupa el puesto 68 en la tabla de competitividad global que mide 139 naciones, en calidad de carreteras cae al puesto 108, por debajo de Ecuador y Perú, puesto 83 y 92 respectivamente.

No en vano, los expertos señalan que es más barato traer un contenedor de China hasta Buenaventura que movilizarlo desde ese puerto hasta Bogotá.

El otro gran problema es la mínima inversión en otros medios de transporte de carga. La red férrea solo opera para la exportación de carbón en el norte del país y para el ingreso de granos desde Buenaventura hasta el eje cafetero.

En materia fluvial, la navegación por el río magdalena llega solo hasta Puerto Berrío y por esas aguas se mueve solo el 4,17 por ciento de la carga nacional.

(…)


28 de marzo de 2011, El espectador, de Alfredo Molano Jimeno

Robo de tierras en Baranoa, Atlántico, a través de maniobras en las notarías de Barranquilla.

Historia de un “desengaño”

En el municipio de Baranoa, Atlántico, un empresario realizó extrañas movidas para hacerse a los títulos de un predio de 375 mil hectáreas que había sido abandonado en 1980 y estaba ocupado por familias campesinas.

El 12 de febrero de 2010, con 101 años de vida y 21 de muerto, el señor José Gerstl, natural de Alemania, vendió a don Manuel Povea Ospina 375.000 hectáreas en el departamento del Atlántico. Esta es la incomprensible historia de cómo un empresario se apropió de unos predios que habían sido abandonados a través de extrañas maniobras en notarías de Barranquilla.

El caso fue documentado por la Casa de Tierras, un cuerpo élite de investigación que reúne a todas las entidades que trabajan el tema. La investigación indica que el señor Poveda falsificó títulos, compró notarios y realizó sospechosas transacciones con un inmenso predio que había sido adquirido por un ciudadano alemán y que 20 años después de fallecer aparece como vendedor del lote conocido como El Desengaño. (…)

Corría el año de 1980 cuando un veterano alemán radicado en la ciudad de Barranquilla, abandonó unos predios que había comprado en las inmediaciones de Tubará y Baranoa: se trataba de una poderosa hacienda que al poco tiempo fue tomada en posesión pacífica e ininterrumpida por unas familias campesinas asociada alrededor de Asocamverde. Algunas familias que llegaron a ocupar los predios abandonados por Gerstl tienen escrituras de posesión y otras de adjudicación otorgadas por el Incora.

Un buen día Manuel Poveda y sus apoderados, Erasmo Mendoza Nieto y Leonel Morron Naiguel irrumpieron en la zona y amedrentaron a sus pobladores con actos delictivos. En el caso de Juan Carlos Gómez, quien tenía una parcela dentro del predio que los señores reclamaron como suyos y tuvo que salir desplazado de la zona.

El enigmático empresario asegura ser el nuevo dueño de los predios, en los que pretende construir una represa. La escritura pública 0419, otorgada el 12 de febrero de 2010 por la Notaría Décima de Barranquilla, lo da como propietario, pero la investigación de la casa de tierras indica que al parecer dicho documento es falso, pues el señor Gerstl había fallecido el 25 de junio de 1989 con 81 años, como lo demuestra el certificado de defunción proferido por la Notaría Sexta del Circuito de de Barranquilla.

El 10 de octubre del año 2010, Povea y sus abogados se presentaron en el Desengaño con la intención de hacer ingresar la maquinaria para la construcción de la represa, pero uno de los campesinos se opuso y fue agredido, por lo cual instaló una queja ante las autoridades del municipio.

El 23 de septiembre de 2010 el abogado de Povea solicitó al Incoder que se abstuviera de realizar la diligencia de verificación de medidas y colindancias argumentando que estos predios son de propiedad privada.

Las carpetas empolvadas de las notarías del Atlántico, en donde reposan las resoluciones que le dan forma a este rompecabezas incompleto, marcan la ininterrumpida vida de la tierra de este rincón del país.

Las evidencias señalan que el proceso de compra del Desengaño, un predio compuesto por 16 lotes, fue fraudulento, no solo porque el registro de defunción del señor Gerstl establece que para la fecha el presunto vendedor no estaba vivo sino porque existen algunos cabos sueltos: un extraño certificado de supervivencia, expedido por la notaría 22 de Cali, establece que el señor Gerstl está vivo. También se constata que el día en que Gerstl supuestamente vendió el lote tenía 102 años, había muerto hacía 21 y pagado la hipoteca del lote hace 11, además durante la diligencia de transferencia de títulos de El desengaño el único que no presentó su cédula fue Gerstl. Por estas inconsistencias, el señor Álvaro Ariza, notario de la Notaría Décima de Barranquilla, enfrenta un proceso disciplinario. Todo indica que este caso, lo que unió al Gerstl y a Povea fue la historia del Desengaño.


28 de marzo al 4 de abril, revista Semana.

La emergencia al desnudo

Cuatro meses después del peor invierno del país, ha quedado al descubierto la fragilidad de las instituciones y la falta de preparación de algunas autoridades locales. Las próximas semanas serán cruciales.

En noviembre del año pasado, gran parte del país estaba ahogándose. Las impactantes imágenes de los pueblos inundados hicieron comparar esta tragedia con la de Katrina, el huracán que provocó la mayor inundación de la historia de Estados Unidos. (…) Ya comenzaron a salir a flote todo tipo de problemas. La contraloría detectó hace dos semanas un sobrecosto de 2.200 millones en la compra de mercados en Montería. Y, según pudo establecer SEMANA, que lo mismo ocurrió en sucre con 2.400 millones y con el mismo contratista.

En diez municipios de Atlántico y uno en Magdalena, la semana pasada no se había restablecido completamente la temporada escolar porque las escuelas y colegios seguían inundados u ocupados por los damnificados. (…)

En departamentos como Boyacá, Tolima y la Guajira, apenas hace 15 días empezaron a entregarse las ayudas. Y también se presentaron retrasos considerables en el Huila y en capitales como Quindío y Pereira. En cinco municipios de Bolívar, los mercados no alcanzaron para la atención de todos los que alegaban ser damnificados. Los censos se habían convertido en un dolor de cabeza. Cuando llegan las ayudas no alcanzan porque aparecen más de los inscritos.

El presidente del Senado, Armando Benedetti, también aprovechó el momento y dijo que le pedirá a la contralora Sandra Morelli investigar a los gobernadores que no han ejecutado los recursos para la ola invernal. Según Benedetti, al Atlántico le han girado 37.338 millones de pesos y han gastado solo 4.625 millones de pesos.

La plata no va lenta solo en algunas gobernaciones y alcaldías. También se ha atascado en algunas entidades como el Invías, a la cual Colombia Humanitaria le giró 50.000 millones para acondicionar vías y evitar así que se repita el rompimiento de jarillones o la aparición de chorros que han provocado las mayores inundaciones. Sin embargo, de ese dinero no se ha ejecutado nada.

(…) Colombia Humanitaria y de los fondos que la componen: el Fondo de Calamidades -que atiende la emergencia con ayudas como viviendas, mercados, elementos para cocinas, aseo y colchonetas- y el Fondo de Adaptación o reconstrucción –que se debe encargar de las megaobras.

El primero no ha invertido ni la séptima parte de los 2,1 billones que tiene en sus arcas. Al 18 de marzo ese fondo había girado 238.000 millones de pesos en ayudas a los gobernadores.

El fondo de Adaptación o Reconstrucción es otra historia. Todavía no se ha recogido el grueso de los recursos con que se va a financiar –la venta del 10 por ciento de Ecopetrol y el impuesto al patrimonio- y la Corte Constitucional aún no le ha dado el visto bueno al decreto que lo creó. Según la gerente de este fondo, Cecilia Álvarez, en los primeros meses han diseñado los estudios e identificados los costos de las obras.

Puede que Colombia Humanitaria haya hecho los giros a tiempo, pero en algunos casos, los otros engranajes pueden atorar la rueda o hacerla más lenta… (…)

Han pasado cuatro meses y cuando está a punto de comenzar otra vez el invierno, grandes extensiones de tierra están todavía bajo el agua, amenazando a miles de familias que todavía no se recuperan de la ruptura del canal del Dique, en Santa Lucía. Por lo pronto hay que apostarle a que las cosas se sigan afinando. Porque la historia puede comenzar a repetirse.


4 de abril de 2011, El Espectador, de Álvaro Forero Tascón  

¿Fue primero la corrupción o la politiquería?

En un reciente debate de hora 20 se discutió sobre las causas de la corrupción desaforada que sufre el país. Mientras unos analistas opinaban que era un problema esencialmente cultural, de falta de rechazo a la ilegalidad, otros sostenías que el origen era la corrupción política que envenenaba la cultura social. Fue una discusión interesante sobre un tema que los colombianos tocamos todos los días, pero sobre el cual hay muy poca claridad.

Es sorprendente que en un país desangrado por la corrupción y la politiquería no tengamos claro que la causa. Que al principal problema nacional, que está en el vértice del narcotráfico, de la violencia, de la impunidad, del atraso, se le dediquen tan pocos esfuerzos calificados para entender qué lo produce y qué remedios pueden aplicárseles. Que meses después de un fenómeno electoral que estuvo a punto de voltear la mesa de la política como reacción a la corrupción y a la politiquería, y en medio de una catarata de revelaciones sobre violaciones de la ley en un gobierno anterior, se continúe sin averiguar por qué se está agravando, por qué parece no tener límite.

Hoy en Colombia no hay claridad sobre las Bacrim, su naturaleza y su origen, ni sobre los Nule, cómo y con el concurso de quién crecieron exponencialmente, ni sobre las desmovilizaciones ficticias, cuántos eran combatientes y cuantos no, ni sobre las cifras de inseguridad en las ciudades, si realmente están subiendo o si se trata de “percepción”, ni sobre la responsabilidad política por la parapolítica o las chuzadas, ni sobre la participación del Estado y los particulares en la estrategia paramilitar. No se tiene claridad si las políticas contra el narcotráfico funcionan o no, si las Farc están cerca del fin o sobrevivirán lustros, si un gobierno participó en acciones ilegales para conseguir la reelección, sobre casi nada de esa gigantesca sombra de ilegalidad en Colombia. Y no me refiero a claridad penal, sino cultural y política, a las conclusiones elementales a las que una sociedad civilizada debe llegar para combatir sus lacras.

Si se estudia el problema diferenciando las partes que lo componen, preguntando qué fue primero, el huevo o la gallina, la cultura de la ilegalidad o la ilegalidad, no se va a llegar a un diagnóstico efectivo. La ilegalidad colombiana puede definirse como un problema emergente, un concepto filosófico que considera que un sistema no es reducible a las parte que lo constituyen, porque la interacción entre estas producen un sistema autónomo, que a su vez retroalimenta los factores que lo crearon. Es decir, los factores de corrupción y politiquería que engendraron la ilegalidad colombiana son influidos a su vez por esta, y por eso mutan y se adaptan a nuevas circunstancias. La ilegalidad colombiana, esa que nos ha hecho potencia mundial en narcotráfico, secuestro, desplazamiento, parapolítica, es producto de una maraña de causas y efectos que precisamente por su complejidad requieren un estudio integral.

El Estado no va a hacerlo porque es tan víctima como culpable. En el drama de la legalidad crónica de Colombia hay una causa fundamental, tan vieja como ignorada por casi todos excepto Daniel Pécaut: la inducida debilidad del Estado.


27 de marzo de 2011, El Tiempo.

Miles de millones se botan en ‘elefantes blancos’

Hoy es casi imposible ganar un contrato con el Estado en forma honesta. Los carruseles de contratistas se toman a Colombia.

Aun esperan hospital Hace 7 años comenzó en Yopal, Casanare, la construcción del Hospital Regional. Se invirtieron 45 mil millones de pesos y aún no está listo. Hace un mes, ante presuntas irregularidades, fue suspendida la licitación para entregarla a un operador. Este no es el único despilfarro: en Aguazul se invirtieron 6.600 millones en un ingenio yuquero, que solo se prendió el día de la inauguración, y gastaron 1.465 millones en un parque de arroz que nadie usa.

Panóptico abandonado En la construcción del panóptico de Ibagué se ha invertido 7.000 millones de pesos desde 2006, la obra está paralizada desde hace tres años y el lugar es hoy un depósito de basuras, de aguas estancadas y de escombros. En Purificación (Tolima) los habitantes critican la inversión de 2.500 millones de pesos, en 1995 y 1997 en la terminal de transportes y una plaza de toros, cuando el 70% no tienen las necesidades básicas insatisfechas.

Teleférico que nadie usa Aunque en diciembre de 2008 los habitantes de Buena Vista, Quindío, vieron culminado un teleférico en el que se invirtieron 1642 millones de pesos, aún no lo han podido usar. Según el alcalde Jorge Iván Puerta, su despacho nunca recibió oficialmente la “atracción turística” pues, dice, el municipio no tuvo ni tiene los recursos para sostenerlo. Por este caso la Procuraduría abrió pliego de cargos a la senadora Amparo Arbeláez, ex gobernadora de Quindío.

Un reservorio ‘no viable’ En el 2005, las autoridades de Huila pusieron en marcha la construcción de un tanque de almacenamiento de agua para Neiva. Se destinaron 30 mil millones de pesos y la obra se terminó, pero con el tiempo quedó claro que los terrenos elegidos para los sistemas de recepción de aguas y reservorio en sí, no eran idóneos. Las empresas públicas de Neiva dicen que necesitan al menos 3.200 millones para hacer el proyecto viable.

Un puente sin vías Rodeado de árboles de trupillo y malezas está un puente metálico de 92 metros de largo sobre el río Cesar, entre Valledupar y la paz, en el norte del Cesar.

Su construcción comenzó en 1985 y costó 340 millones de pesos. Pese a que la obra fue terminada en 1991, aún no existe carretera que conecte al puente en sus extremos. Pobladores no pierden la esperanza y esperanza que la vía sea construida dentro del Plan de Desarrollo del departamento.


1 de abril de 2011, El Tiempo.

Multa por bienestarina que los Nule debían vigilar.

Tenía sustancia no autorizada. Proveedor tendrá que pagar $900 millones. ICBF dice que indaga proceso de los Nule y de Del castillo.

Industria Delmaíz, empresa proveedora de bienestarina que consumen más de 9 millones de personas en el país acaba de ser multada con 900 millones de pesos.

La decisión la tomó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tras comprobar –con exámenes hechos por el Invima- que contenía una sustancia no autorizada.

Se trata de ácido sórbico, un preservante hallado en un lote revisado por la Contraloría General en uno de los 4.400 puntos en los que se distribuye esta harina.

Aunque no es un elemento nocivo, la empresa ofreció una fórmula nutritiva sin preservantes y por eso se le entregó el contrato por cinco años y por 653 mil millones. Las tres propuestas Nule.

Lo que llama la atención en este caso es que la irregularidad fue descubierta en un contrato cuya interventoría –por 13 mil millones de pesos- le fue entregado en vísperas de un año nuevo (el 27 de diciembre de 2007) a un consorcio del que hacía parte Ponce de León, empresa de los Nule.

La directora del ICBF, Elvira Forero, advirtió que su adjudicación llenó todos los requisitos de ley y tuvo el acompañamiento de la Procuraduría, Transparencia Internacional y de la Oficina Anticorrupción de la Vicepresidencia. No obstante, admitió que, desde el pasado lunes, ordenó revisar todo el proceso, luego que EL TIEMPO reveló que los Nule intentaron hacerse al negocio presentando tres ofertas. (…)

Para ese momento, Edmundo del Castillo –socio de Rina Mendoza en una empresa en la Florida- acababa de renunciar como asesor jurídico del ICBF, cargo que heredó su hermano Gabriel.

“No fue una ‘herencia’ entre expertos en contratación”. Aclaró Elvira Forero. Y agregó que, si bien Gabriel del castillo revisó algunos documentos sobre este contrato, Edmundo del Castillo no tuvo nada que ver dentro del mismo. (…)

La Procuraduría y la Contraloría también investigan la contratación del ICBF, un instituto que cuenta con un presupuesto de de 2,9 billones de pesos anuales, la mayor parte obtenidos a través de parafiscales.


3 de abril de 2011, EL TIEMPO

Así se defenderán salpicados por el lío de Agro Ingreso

Fiscalía imputará cargos a 22 involucrados. Ex funcionarios pedirán vincular a Julián Gómez, ex gerente de AIS. “Es una estrategia de defensa; yo seguía órdenes”, dice.

En el mismo complejo de juzgados donde la Fiscalía espera ver llegar a los Nule se cumplirá una cita judicial paralela relacionada con otro de los grandes escándalos que han sacudido al país: la distribución irregular de subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS). El martes se imputará cargos a 33 involucrados, entre ellos al ex viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar Rueda, al ex secretario general de esa cartera Juan David Ortega y a cinco ex funcionarios más.

El Tiempo conoció anticipadamente varias de las cartas que algunos de ellos van a jugar para librarse de la medida de aseguramiento, y estableció que la principal defensa, al parecer, será el ataque. Lo primero que van a mostrar es una serie de correos electrónicos con los que pretenden cuestionar por qué ni la Procuraduría ni la Fiscalía han vinculado a Julián Alfredo Gómez, ex gerente de AIS y uno de los hijos del magistrado de la Corte Suprema Alfredo Gómez Quintero.

“No queremos decir que sea responsable de algún delito, pero hizo lo miso que hicimos nosotros”, dice uno de los investigados. En los correos, Gómez da instrucciones sobre la suscripción de los convenios con el Iica, cuya legalidad es cuestionada por la Fiscalía. Además, fue a través de ese convenio que un puñado de familias costeñas lograron concentrar buena parte de los subsidios de riego y drenaje.

‘Es una estrategia’ También cuestionarán por qué, si el Iica es un convenio viciado, fue prorrogado por la nueva administración. Para demostrarlo, entregarán un acta firmada por el Vice ministerio de Agricultura el pasado 5 de octubre. Así mismo, pretenden probar que al menos tres ex ministros firmaron convenios similares. Incluso se quejaran de que la Fiscalía le dijo a la ex reina de Válerie Domínguez que delitos le iba a imputar, pero a ellos les negó ese ‘privilegio’.

El Tiempo buscó a Julián Gómez, quien manifestó que sabía desde hace días que –en reuniones entre implicados- se definió que parte de la defensa sería involucrarlo a él debido a su condición. “Creen que por ser hijo de un magistrado no van a tomar decisiones en mi contra y que si logran ponerme en las mismas condiciones obtendrán el mismo resultado”, dijo.

Y explicó que la Procuraduría no lo investiga porque él no es funcionario. Además aclaró que, si bien su hermano trabaja en esa entidad, no está en un cargo que tenga que ver con la investigación. También fue enfático que, si bien estuvo en AIS desde abril de 2007, era abogado de apoyo y solo asumió la gerencia 6 meses: junio a diciembre de 2009. “los hechos que se investigan sucedieron en 2008, cuando no era gerente” dijo.

¿Prueba reina? Y dijo que ya entregó evidencia de que él no tenía autonomía y de que seguía órdenes de la cúpula del ministerio. De hecho, según los investigadores, los 59 correos que Gómez anexó serían la prueba reina de que la cúpula del ministerio si está involucrada. Finalmente, el abogado desmintió que la Fiscalía no lo haya investigado. “Rendí indagatoria en enero de 2010 y la semana pasada solicité una ampliación. Me siento tranquilo, no tengo nada que ocultar”, afirmó.


4 de abril de 2011, El Tiempo, de Yolanda Reyes Icbf: La urna de cristal

Quitarle la Bienestarina de la boca a un niño

Lo más escandaloso de las revelaciones sobre la interventoría de la Bienestarina dada a los Nule y sobre la contratación a dedo que benefició a personajes de la camarilla uribista es el que el país se haya enterado de los secretos a voces del ICBF solo por la fascinación mediática que ejercen los Nule y no por interés de los asuntos que afectan a la infancia y a la juventud más vulnerable. Aunque era vox populi que la directora fue ratificada como cuota de Uribe, nadie objeto la explicación de santos sobre su excelente trabajo. Quizás se refería al excelente “trabajo electoral”, pues tampoco es un secreto que las madres comunitarias pueden sumar un gran caudal de votos.

A ello se agrega el presupuesto del ICBF; si el 3 por ciento del sueldo mensual de todos los empleados colombianos van a sus arcas, hagan cuenta. “Un apostolado”, según palabras de su directora, con 2,7 billones que pueden convertirse en puestos y contratos adjudicados desde Bogotá, y para completar, sin veeduría ciudadana. Porque la infancia –otro secreto a voces- no le importa a la opinión pública.

Es sabido que el ICBF arrastra problemas estructurales desde su fundación en los 60, cuando llamábamos “Necesitados, Huérfanos y Abandonados” a quienes hoy reconocemos, al menos en teoría, como Sujetos de Derechos y cuando la labor del Estado era guardarlos en asilos y orfanatos. Luego en los 80, cuando los niños morían por abandono o desnutrición, se crearon los Hogares Infantiles.

La solución, ingeniosa en su momento, delega en las madres de las comunidades el cuidado de los niños, les daba Bienestarina para suplementar su alimentación y pretendía suplir también la educación que no asumía al Estado. Sin embargo, con lo que sabemos hoy sobre la primera infancia como etapa crucial del desarrollo y con las legislaciones basadas en los derechos de los niños, ofrecer a los más vulnerables la repetición de condiciones de pobreza material y educativa resulta insostenible.

Pese a los esfuerzos del ICBF para adecuarse a los nuevos paradigmas sobre infancia, entre los que se destacan la formulación de la Política Pública, la Ley de Infancia de 2006 y los convenios con el Ministerio de Educación para ofrecer atención integral, su estructura centralista que no logró reformar la Constitución del 91, ha sido el caldo de cultivo para ese “ambiente familiar” que permitió a los Nule, los Del castillo y a tantos padres de la patria manejar el presupuesto como si fuera el de su casa. Y no es descabellado que a su directora le sobren padrinos, al menos mientras pasan las elecciones y se aprueban ciertas reformas.

Lo impresentable no es solo que los Nule se hayan metido con los 9 millones de lactantes, niños, mujeres embarazadas y ancianos para quienes la Bienestarina es su pan de cada día, sino que existan tantos contratos de 13.000 millones de pesos para vigilar que ese invento, tan premoderno como el instituto, llegue a los más pobres y que nadie se pregunte si esos más de 600 millones podrían usarse para suministrar modernos micronutrientes o, simplemente, para garantizar el derecho a la misma alimentación nutritiva que comen nuestros hijos.

De ahí que la deuda de los Nule la hayamos contraído todos con nuestra desatención histórica frente a los asuntos de la infancia y con nuestra incapacidad para entender que lo que está en juego es la vida y la muerte de los niños. ¿Cómo creer en la apuesta de primera infancia de este gobierno sin una decisión política de fondo que le dé herramientas técnicas al ICBF para sumir un proyecto de semejante envergadura? El desafío está planteado y ya veremos si la apuesta por la infancia es real…o si es mera politiquería.


3 de abril de 2011, El Tiempo.

‘Hay fuerzas capaces de arrodillar al Estado’

La contralora Sandra Morelli, dice que las hasta de grupos armados. Imponen condiciones en contratación.

En entrevista con Yamid Amat. La contralora general, Sandra Morelli, denuncia la existencia de fuerzas paralelas del Estado “con capacidad de arrodillarlo” en materia de contrataciones. Revela escandalosas cifras sobre lo que se ha perdido por contrataciones mal hechas, por adiciones a contratos (10 billones de pesos, el año pasado), por uso de vigencias futuras (más de 55 billones de pesos), por deficiencia en la contratación pública. Hechos ocurridos fundamentalmente hace tres años.

Revela que el grupo Nule le adjudicaron contratos por más de 1 billón de pesos, pero asegura que confía en que todo el dinero en riesgo (unos 300.000 millones de anticipos) no se perderá por los cuantiosos bienes y cuentas corrientes que les han congelado en el exterior. La contralora, abogada del Externado, con tesis summa cun laude, obtuvo becas como la mejor estudiante para realizar posgrados en las universidades de Bologna y La Soborna.

Lo que más la ha sorprendido en los siete meses La relatividad del ordenamiento jurídico. Las normas se acatan pero no se cumplen. Ese régimen no siempre se aplica igual para todo el mundo. En general la creencia popular de que aquí se mete a la cárcel al ladrón de gallinas, es cierta. Pareciera haber fuerzas paralelas al Estado con capacidad de arrodillarlo y hacer que la ley se torne relativa, que tenga muchas interpretaciones y que se pueda afectar al interés público y beneficiar, sin justa causa, al particular.

Las fuerzas paralelas Fuerzas económicas, políticas, fuerzas al margen de la ley que se pueden traducir en decisiones estatales que responden al querer de esas fuerzas.

¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, en materia de contratación, tiende a prevalecer posiciones jurídicas permisivas frente al incumplimiento, a la mora, a la condonación de multas y a eludir la declaratoria de caducidad, para no hablar de los malabarismos articulados en aras de evitar procesos licitatorios, ordenados por el legislador para garantizar no solo la igualdad de oportunidades y libre concurrencia, sino mejores precios y mejor calidad.

¿Y los funcionarios del Estado? O les da miedo aplicar las normas porque piensan que después van a tener que responder con su patrimonio, o sencillamente son complacientes y débiles. La argumentación apocalíptica paraliza: ‘Si usted declara la caducidad, será el responsable de que no haya obra’ Esa argumentación, que confunde la causa con el efecto, es recurrente. Obviamente está también la corrupción.

Gravedad de los casos de corrupción. La corrupción siempre es grave. No siempre tan refinada como ahora. Estamos investigando sectores de alto riesgo en la contratación, en regalías, en contratación, en licencias de explotación minera, etc. Hay muchos huecos por donde se vuela la plata, muchos agujeros negros.

¿Dónde ha encontrado lo más grande? En términos de costos y resultados aún lejanos, en infraestructura tenemos un problema macro que no siempre tiene que ver con corrupción, pero que le ha costado al Estado mucho más de lo presupuestado. No solo en adiciones de cifras billonarias, sino por incumplimiento y las consecuencias que eso tiene para el desarrollo y para la calidad de vida. El año pasado en infraestructura, el Estado adicionó 10 billones de pesos, en vigencias futuras.

Endeudamiento en vigencias futuras. A nivel territorial, a más de 13,8 billones de pesos, y a nivel nacional con sustento legal, independientemente de que eso pueda afectar la sostenibilidad financiera del Estado, a más de 55 billones de pesos de los cuales se han utilizado 42,7 billones. (…)

Dineros que recibieron los Nule por anticipo Este grupo económico que lleva mucho tiempo contratando a lo largo y ancho de la geografía nacional. Tenían todo tipo de contratos aquí y afuera y no está aún claro si su contratación estaba en todos los casos precedida de rigurosa evaluación de su capacidad financiera y para contratar. Tampoco está claro si esos y a otros contratos se les hizo interventoría y si se les exigió ampliación de anticipos. Lo que sí está claro es que no hubo una sola declaratoria de caducidad y de ahí la dimensión de lo que se está conociendo.

¿Cuánto dinero alcanzaron a recibir los Nule por anticipos? Tenemos identificados anticipos por casi 300.000 millones de pesos.

¿Están perdidos? Están en riesgo de perderse. Abrimos más de 30 procesos de responsabilidad fiscal respecto de contratos cuyo valor podía superar el billón de pesos. Se busca establecer los responsables, que por pérdidas de anticipos, multas no satisfechas, cláusulas penales no pagadas, habrían podido causar daño fiscal al Estado. Los culpables no son solo ellos. Hay muchos ex ministros y ex directores de departamento vinculados a las investigaciones. Incluso, hay preliminares respecto de funcionarias por recientes cesiones.

La responsabilidad del estado en todo este desorden Nos rige una doctrina jurídica que tiene al Estado como gran garante, el que paga por el daño causado por sus agentes. El Estado contrata mal; se adjudican vías sin comprar primero los predios y las obras, sin estudios de suelos.

Ocurrieron el segundo periodo del expresidente Uribe No sé cómo fue el primero, el periodo que nos tocó investigar fue el segundo. Y claro: la responsabilidad cuando se establezca, de acuerdo con lo que se pruebe, no concierne en términos fiscales a Uribe, sino, eventualmente, a funcionarios de su administración, así como a nivel local, y a contratistas.

El túnel de la línea Hay un retraso superior al 50 por ciento de la obra. Eso supone un crítico impacto en costos y movilidad. Además, el contratista recibió pagos en términos y en montos distintos a los establecidos en el contrato y no se ha legalizado un alto porcentaje de anticipos, equivalentes a 221 mil millones. (…)

En general, ¿cómo funciona el sistema nacional ambiental? Muy distante de lo esperado. Por falta de coordinación con el sector minero, por destinación de un porcentaje mínimo de presupuesto para atender el ambiente. No hay coordinación entre las necesidades ambientales agrícolas y de destinación del suelo a urbanización.

Sobre el sector minero Mi posición es: sí a la explotación minero pero con rigurosos estándares internacionales. Vaya a Canadá y compruebe que allá si se hace y cuesta. Lo inadmisibles es que aquí se hace y cuesta. Lo inadmisible es que aquí la explotación minera resulta barata porque somos más flexibles. Parapolítica


30 de marzo de 2011, El Tiempo. Paulina Angarita Meneses

Prueba reina de trampas en rebaja de penas a parapolíticos

Expediente de Ciro Ramírez muestra que le certificaron trabajo y estudio incluso cuando estaba en el médico.

El caso del exsenador Ciro Ramírez, que acaba de ser condenado a siete años y medio de cárcel por nexos con las Auc, va camino de convertirse en el mayor escándalo por las rebajas de penas obtenidas por los llamados ‘parapolíticos’ gracias a las certificaciones de trabajo y estudio avaladas por el Impec.

La orden de la Corte suprema, que le negó a Ramírez la libertad condicional, se inició una revisión sobre las horas, que según el excongresista, estuvo trabajando en la conocida granja de los ‘parapolíticos’ y realizando estudios sobre temas agropecuarios. Por esa misma vía varios de los inquilinos del pabellón ERE Sur de La Picota lograron salir de prisión en un promedio de tres años, a pesar de tener penas de más del doble. La actual administración del Impec, en cabeza del general Gustavo Adolfo Ricaurte, ya está haciendo un barrido de todos los expedientes.

El tiempo conoció el resultado de esas investigaciones que ya están en manos de la Fiscalía y la Procuraduría y que revelan no solo inconsistencias, sino la cantidad de permisos excepcionales concedidos al expediente del Partido Conservador. Entre 2009 y 2010, Ramírez salió de su sitio de reclusión en más de 30 oportunidades, a veces hasta por tres días. Otras 13 salidas tuvieron que ver con su proceso, tanto en juzgados de Bogotá como en la Corte Suprema de Justicia.

Al comparar los días de permiso concedidos en los últimos dos años con minuta diaria de las horas trabajadas por cada uno de los 44 presos del pabellón de ‘parapolíticos’, los peritos detectaron que hasta los días que estuvo incapacitado o en juicio le figuran como si hubiera trabajado por 8 horas completas en la granja.

La mayoría de los permisos los firmó el Juez Primero Penal del circuito especializado de Bogotá, el mismo que absolvió a Ramírez en un caso por narcotráfico con las mismas pruebas que llevaron a su condena en la Corte Suprema.

Entre el 4 y el 8 de enero de 2010, el juez le dio a Ramírez cinco días de permiso para que fuera sometido a un “procedimiento quirúrgico por lecciones premalignas en la cara. La autorización señala que cumpliría su incapacidad en casa. Inexplicablemente el exsenador entregó a la Corte certificaciones de trabajo por 8 horas diarias, correspondientes a los días 4, 5 y 6 de enero.

Con otros de sus compañeros de prisión, Ciro Ramírez logró permisos para salir de la cárcel a citas odontológicas. Esa fue la excusa para que lo trasladaran de La Picota hacia el norte de Bogotá durante 15 días, entre 2009 y 2010. Pero encada uno de los días que salió a velar por su dentadura, la Dirección de La Picota certifico entre 8 y 6 horas de trabajo en la granja. (…)

En mayo de 2010, el juez le dio tres días de permiso para ir al grado de su hijo y a acompañar a su padre enfermo. Aunque no tuvo tres días de ese mayo en la cárcel, en su certificación de trabajo aparece que trabajó todos los días del mes y todas las horas permitidas: le acreditaron 248 horas (8 horas por 31 días).

Otro permiso de 72 horas por las mismas razones –grado de su hijo y quebrantos de salud de su padre- le figura en septiembre de 2010. También se cruzó con horas de supuesto trabajo. (…)


REBAJAS

ELEONORA PINEDA. Total: 20 meses de cárcel. Rebajó su pena de 45 meses de cárcel por buen comportamiento, estudio y trabajo en prisión.

MIGUEL DE LA ESPRIELLA. Total: 19 meses de cárcel. Rebajó pena de 45 meses con estudio de nutrición de especies menores, agricultura y manejo de ganado.

ROSIO ARIAS. Exsenadora. Total: 28 meses de cárcel. Fue condenada a 45 meses de prisión. Rebajó pena barriendo patio y lavando baños en el Buen Pastor.

Parapolítica


Abril 2 de 2011, El Espectador

Señalamiento a políticos, alcaldes y finqueros.

Ventilador ‘para’ en Nariño

El bloque Libertadores del Sur fue una facción del paramilitarismo que operó en el sur del departamento de Nariño, hasta la frontera con Ecuador. Su comandante fue Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, y uno de sus principales apoyos fue un sujeto identificado como Guillermo Marín. Hoy, este último, está preso en la cárcel de Itagüí, desde donde ofreció un testimonio que no había sido suficientemente valorado en la Corte Suprema, pero que promete remover el escándalo de la parapolítica en el departamento de Nariño.

El Espectador conoció el contenido de esa declaración, en la cual el testigo empieza por contextualizar que, a finales de 2001, llegó al departamento de Nariño, más exactamente a la provincia de Obando. Luego se ubicó en el municipio de Ipiales y allí empezó a dirigir operaciones importantes para el bloque Libertadores del Sur. En consecuencia, señala la declaración, que tuvo que acercarse a las personas más influyentes en el campo económico y político de la región, con el fin de determinar temas de seguridad.

La primera reunión tuvo lugar entre octubre o noviembre de 2001 en la hacienda Santa Ana, del corregimiento La Victoria, en el municipio de Guachucal. El encuentro se hizo en los predios de un hacendado identificado como Edmundo Burbano y a la reunión asistieron varios finqueros de la zona y otras personas influyentes de Guachucal. También estuvo la alcaldesa electa del municipio de Túquerres, Gloria Bolaños. El propósito fue evaluar la forma de acabar con las acciones del frente Comuneros del Sur del Eln y de milicianos de las Farc.

(…) Una vez lograda la consolidación de la región, llegó la campaña política para el Congreso y la Presidencia de la República en 2002 y, por consiguiente, el acercamiento más directo con los políticos. La declaración expresa que todo comenzó con el acercamiento a la congresista Miryam Paredes Aguirre, oriunda del departamento de Nariño.

El testigo sostuvo que por intermedio de ella conoció al senador Eduardo Enríquez Maya y lo hizo en una concentración política en la plaza central del municipio de Guachucal. “Recuerdo que en un costado de la plaza funcionaba la estación de policía, cuyos miembros estuvieron acuartelados mientras yo prestaba seguridad a los políticos en la manifestación pública”, agregó el declarante, quien dijo que la policía acataba sugerencias de finqueros de la región, en especial de un ex capitán de aviación asentado en la zona.

Insistió el exparamilitar del bloque Libertadores del Sur que “antes, durante y después de la manifestación pública” estuvo permanente contacto con los dos políticos, quienes le agradecieron su apoyo y también manifestaron su complacencia por la seguridad que se estaba prestando en la zona donde ellos tenían importantes intereses políticos. El declarante manifestó que además del tema de seguridad, el invitaba a la población civil a que se hiciera presencia en los diferentes actos políticos en la región.

Después vino la campaña presidencial y, según Marín, mantuvo permanente contacto con la persona que dirigió la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe en Nariño. En una reunión posterior se acordó el acompañamiento de las autodefensas en las manifestaciones donde participara el candidato y, para ello, logró dinero para la movilidad, alimentación y demás gastos de la tropa. El hecho motivó la denuncia de los opositores de la candidatura de Uribe e incluso se llegó a producir la incautación de unas armas en una de las fincas protegidas por las autodefensas.

Al finalizar la campaña, aseguró el testigo, fue invitado al Club Colombia de Pasto a una celebración social con varios finqueros de la región y el coordinador de la campaña Uribe, Salvador escobar, donde fue felicitado por los servicios de seguridad prestados. Tras este relato, el testimonio abundó en detalles sobre las relaciones con la entonces alcaldesa de Túquerres, Gloria Bolaños, y con otras campañas políticas que permitieron que alcaldes de la región ganaran el favor popular con el apoyo de las autodefensas. Este testimonio en poder de la Corte Suprema de Justicia desde mayo del 2010, fue retomado a raíz de las investigaciones que emprendió el alto tribunal en el denominado escándalo de la red de favorecimientos y concesión de bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). En este expediente, en el que se aprestan a tomar decisiones los magistrados de la Corte Suprema, también han sido mencionados los congresistas de Nariño Miryam Paredes Aguirre y Eduardo Enríquez Maya.