Hace 31 años (mayo de 1.964), 16.000 unidades del ejército oficial de Colombia, desalojaron a sangre y fuego a los pobladores campesinos de la región de Marquetalia (Tolima), con el pretexto de acabar con las repúblicas independientes, dando origen así a una nueva etapa de guerra guerrillera de resistencia, que hoy continua en desarrollo.

En aquel entonces, todo lo que se le solicitaba al gobierno era ayuda material para el progreso de la región y garantías contra la acción de la fuerza publica y sus «pájaros» que no cesaban las agresiones contra los habitantes de esta zona.

En aquella época también se planteo dialogar para  buscar soluciones incruentas a la situación. Pero los militaristas de siempre, empotrados en el gobierno y en su aparato bélico, pidieron apoyo, vía libre y presupuesto para liquidar por la vía de las armas el «foco comunista de Marquetalia». Para ellos, allí lo que existía era subversión, ideas foráneas y bandoleros que había que aplastar. Era el enemigo interno que desde el mismísimo 9 de abril de 1.948 «intentaba el caos para imponerse en el poder».

Con esta filosofía, con esta misma concepción de estado desde 1.948 los distintos gobiernos han procurado barrer la oposición política y la protesta ciudadana. Han estimulado, desarrollado y alcahueteado la criminal política del «enemigo interno» que deja manos libres a las Fuerzas Armadas para adelantar la guerra sucia, desapareciendo, asesinando, torturando y atropellando a todos quienes se manifiesten contradictores del régimen.

Y así, en nombre de las instituciones, la democracia, y la civilización occidental han regado el suelo colombiano con la sangre de miles de sus hijos. Han asesinado, torturado y desaparecido a obreros, campesinos, intelectuales, estudiantes, periodistas, médicos, indígenas, sindicalistas, dirigentes políticos, desempleados, amas de casa, profesionales en una demencial carrera contra el progreso y la convivencia ciudadana.

Con el pretexto de acabar con el comunismo  han sembrado el «terror del estado» con el san Benito de acabar con los comunistas,  en la sociedad colombiana, unas veces  vestidos con su uniforme militar, otras vestidos de civil bajo la denominación de «pájaros, autodefensas, paras, masetos, sapos o simplemente de servicios de inteligencia», todos con salvoconducto y licencia para matar, que han servido de ariete oficial contra el movimiento popular y sus dirigentes.

Jamas, en la llamada vida republicana de nuestra nación han dejado de utilizar el crimen político como forma natural del ejercicio del poder.

Contra todas estas aberraciones e iniquidades nos hemos levantado los hombres y mujeres que conformamos las FARC EP, sembrando sueños y esperanzas a golpes de fusil porque el estado en Colombia no ha dejado otra opción.

Marquetalia fue sencillamente la confirmación que en nuestro país, para alcanzar los objetivos de la convivencia democrática, era necesario organizarse y levantarse en armas contra tanta indignidad de los gobiernos liberales y conservadores. Es por eso que hoy, el bastión fundamental de  la oposición política al régimen de las oligarquías, esta en las montañas, enguerrillerado. En estos últimos años dos generaciones enteras de dirigentes populares, han sido masacradas por los aparatos armados del estado, que no han dado tregua en su sucia labor de asesinar a quienes inermes, han manifestado sus aspiraciones de cambios y transformaciones sociales.

Por ello mismo, la lucha guerrillera revolucionaria continua siendo valioso instrumento de combate por los cambios democráticos en nuestro país, y lo seguirá siendo: Mientras existan altos oficiales de las Fuerzas Armadas que crean que descuartizando compatriotas y despresándolos con motosierra, están defendiendo Colombia.

– O mientras existan altos oficiales que utilizan su   mando para masacrar indígenas encerrados en buses,   pensando que así defiende la propiedad de los terratenientes.

– O mientras los «Hombres de Acero» continúen  asesinando campesinos y vistiendo los cadáveres con   camuflados, para las fotos de prensa.

– O mientras Coroneles y Generales persistan en sus operaciones encubiertas», enviando sicarios a asesinar por encargo a los lideres de la comunidad.

– O mientras Coroneles y Generales insistan en  conformar bandas Paramilitares para adelantar su   guerra ucia.

– O mientras los oficiales torturen y asesinen  a los prisioneros de guerra que se niegan    a colaborar con   ellos.

– O  mientras la fuerza publica, se siga sintiendo una fuerza de ocupación que puede llenar de terror a los   colombianos sopretexto de la confrontación con la insurgencia y ametralle, bombardee, allane, incendie,  intimide, atropelle y robe a los campesinos en las   operaciones llamadas de presencia y control.

– O mientras exista la impunidad que protege esta conducta asesina.

En resumen , mientras los gobiernos persistan en esta política de «Guerra Interna».

El estado colombiano ha creado una maquina de  guerra criminal, que tiene soportes ideológicos venidos de los Estados unidos, llena de principios antinacionales que irrigan de odios fratricidas las diferencias entre Compatriotas y protegida con una gran coraza de impunidad llamada «Fuero Militar», que le garantiza el silencio a sus actividades asesinas.

Esta maquinaria bélica se halla al servicio de una política socioeconómica oligárquica, es decir antipopular, y además antipatriótica, es decir antinacional, origen de tanta injusticia social y de la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales imperiales.

Tanta guerra y violencia contra el pueblo, desde hace tantos años, tienen  como objetivo fundamental imponer en Colombia la disciplina de los monopolios y de la oligarquía, para poder robar mas sin que nadie les haga oposición ni les proteste.

Los López Michelsen, los Gavirias, los Samper todos son los mismos: Como asalariados del gran capital y obsecuentes servidores del militarismo, buscan siempre los argumentos y razones para proteger a los ricos con sus medidas y colocar el presupuesto Nacional al servicio de la guerra, pues para eso los colocan en el «primer empleo publico» de la nación.

Para ello cuentan con sus propios alto parlantes: El Tiempo, Caracol, QAP, y la revista Semana, para que les aplaudan sus medidas fundamentales; para que digan todas las mentiras que sean necesarias; para que silencien verdades; para que refuercen el régimen de dominación que tan jugosos beneficios políticos y económicos les trae pues les otorgándoles todas las pautas oficiales de propaganda, consultas e invitaciones, asignación de los mejores horarios en tv. Y tengan en cuenta a sus grupos económicos en la piñata de privatizaciones de empresas del estado;  para que publiquen con puntos y comas todas las versiones militares oficiales del acaecer nacional; para que les sirvan de  turiferarios y de plañideras, y para que a veces les permitan también sus veleidades libertinas. 

Para que le insistan a los trabajadores y empleados del país que no pidan aumentos salariales de mas del 18 por ciento porque ese el tope del «Pacto Social», que no sean desconsiderados con la Patria y rebajen sus peticiones, mientras suben todos los productos de la canasta familiar, las pensiones y matriculas en colegios y universidades, los servicios públicos, los cada vez mas privatizados servicios médicos y las tasas de interés superan la barrera increíble del 60 por ciento.

Para eso los dueños del dinero, los ricos, el llamado capital financiero es el que manda y es el que dice que se debe hacer.

Pero el pueblo que no pida mas de la cuenta, que no haya  movilizaciones ni manifestaciones, que nadie grite «abajo al rey y al mal gobierno», que nadie señale a esta «narcodemocracia», que los agricultores no se indignen contra la apertura económica, ni tampoco la pequeña y media industria, que nadie proteste contra tanta injusticia porque de hecho se convierte en un enemigo del país y en agente de la subversión Comunista.

Que cada quien sobreviva como pueda: Robándole al estado o a sus vecinos, o de mula del narcotráfico, o de contrabandista, o de sapo, o lavando dólares, o de sicario, o metiéndose a uno de tantos carteles, pero así si, pagando cumplidamente los sobornos a la autoridad competente para evitar caer en desgracia.

Lo importante es que cuando ese instituto mentiroso de propaganda oficial que llama DANE, haga la encuesta respectiva,  se le responda que si tiene un trabajo y no que se esta muriendo de hambre para que así rebajen las importantes cifras sobre el desempleo nacional.

Contra tanta violencia militar, política, social y moral nos hemos levantado en armas. Contra tanta mentira e impunidad. Contra tanto atropello a la convivencia democrática. Contra tanta opresión de los dueños de los grandes medios de comunicación que juzgan, califican, fallan y condenan sin que nada ni nadie de  la otra orilla se merezca la mas mínima consideración. Contra tanta corrupción, contra tanta injusticia, contra tantas posibilidades de progreso cerradas, contra tanta demagogia oficial, contra tanta entrega de nuestra soberanía es que permanecemos firmes en la lucha por la nueva Colombia.

Siempre hemos creído que esta profunda crisis de nuestra sociedad es  superable políticamente, si con  sinceridad, realismo y voluntad acordamos entre todos los caminos para avanzar en la solución de semejante conflicto, enrumbando a Colombia hacia la justicia social, la convivencia democrática, la soberanía Nacional bajo pautas morales de dignidad, solidaridad y transparencia.

Desde el primer día de este gobierno señalamos nuestra disposición a conversar sobre salidas políticas a la crisis, disposición que hoy reiteramos. Colombia no aguanta mantener una situación de confrontación permanente pues su destino no puede ser el de la guerra civil.

El  gobierno debe percatarse de lo equivocado de sus pasos. Entender que haber oficializado el paramilitarismo, incrementado el presupuesto militar y el pie de fuerza para la guerra, trae consigo la ampliación del conflicto pues hay mas «Guerra Sucia», mas Coroneles con motosierra, mas bandas Paramilitares, mas desapariciones, asesinatos y torturas, mas atropellos, bombardeos y ametrallamientos contra la población civil lo que sencillamente multiplica los elementos del conflicto como nos lo demuestra la historia reciente de nuestro país.

Ante la eventualidad de cualquier acercamiento para conversar sobre la paz, los enemigos de las salidas políticas siempre han interpuesto talanqueras con el propósito de impedirlo. Recientemente, con motivo de la destrucción de unas Aeronaves de la Policía Nacional en labores de antinarcoticos, altos oficiales de la fuerza publica, sin la mas mínima seriedad, abundaron en la versión que las FARC percibían beneficios económicos de tales acciones.

Olvidaron decir que la insurgencia colombiana se halla en guerra con el Estado y que tales aeronaves hacen parte del aparato bélico oficial. Olvidaron decir que esas mismas aeronaves, en las operaciones que adelantan, ametrallan y bombardean zonas habitadas por la población civil para llenarla de terror y de miedo.

Olvidaron decir que esas mismas aeronaves son empleadas en los operativos contraguerrilleros y que por lo tanto son objetivos militares donde quiera que estén. A dichos oficiales les sobran lágrimas de cocodrilo y les falta carácter para reconocer los hechos tal y como son.

Nosotros no tenemos relación ni menos negocios con ningún cartel de drogas. Las FARC rechazan el narcotráfico por principios y por ética. En materia financiera, continuaremos con nuestra política de cobrar el «impuesto para la Nueva Colombia» a aquellas personas, naturales o jurídicas, enemigas de la democracia, cuyo patrimonio supere los 1.000 millones de pesos, porque nuestra lucha es contra un estado injusto y contra los ricos que lo sustentan y usufructúan. Y si estos le dan dinero al Estado para que adelante la guerra contra el pueblo, también tienen que dárselo a este para que se defienda de la agresión. Lo demás es la desinformación.

El señor presidente Samper y el congreso colombiano han ratificado con su firma el Protocolo ll de los acuerdos de Ginebra, lo que es un hecho positivo. Ahora el estado debe garantizar la veeduria de la Comunidad nacional e internacional que constate el cumplimiento de ese compromiso, pues el país ya no cree en la retórica oficial. Según datos de organismos especializados, solo durante este gobierno ya han asesinado a mas de 1.500 personas por razones políticas. Tendría que empezarse por revisar la formación castrense y ética que imparten en las escuelas militares y los odios viscerales que allí le insuflan a sus educandos, los funestos principios de la doctrina de la Seguridad Nacional, la criminal política del «Enemigo Interno», las enseñanzas asesinas del manual de contraguerrilla, la moral que todo esto supone para las nuevas promociones, las deudas por la «Guerra Sucia» que tienen los oficiales con la sociedad colombiana y el pernicioso y ruin «fuero militar».

Empezar por asimilar el momento que vive la hermana República de Argentina, en donde las Fuerzas Armadas por boca de sus mas altos oficiales le han pedido excusas al país por haberlo sumido en la horrible tragedia de la guerra sucia. Un gesto de tal naturaleza en Colombia, seguramente abriría con decisión las puertas a un proceso de reconciliación y reconstrucción nacional.

El  Presidente ha manifestado su voluntad para que la guerrilla se someta a los protocolos adicionales de los acuerdos de Ginebra, pero al mismo tiempo impide y aborta  la posibilidad que gobierno y FARC se reúnan en la Uribe a conversar sobre la paz. Tampoco permite que nos encontremos con organizaciones nacionales e internacionales. Como entenderlo?  quiere que nos  sometamos a unos acuerdos que no  hemos firmado? que no hemos discutido? pretende mantener la arrogancia gavirista de la  imposición? seguir ejercitando la ley del embudo? se necesita mas consecuencia entre el discurso y la conducta Doctor Samper.

De hecho, en el fondo de cualquier tipo de acuerdo sobre la convivencia democrática en Colombia, esta el respeto por los Derechos Humanos de los ciudadanos. Fue  su atropello sistemático lo que levanto en armas a este pueblo contra un estado que día a día pasa por encima de los derechos fundamentales de todos. El tema hace parte integral de cualquier agenda de  conversaciones entre el gobierno y la insurgencia.

El pueblo colombiano le cancela por vías directas e indirectas cuantiosos impuestos al estado. Con esos dineros se debería garantizar la convivencia y el progreso. Pero no es así, porque además de robarse una buena tajada los gobiernos invierten básicamente en el aparato de guerra con el que atropellan los derechos fundamentales de la población. Reciben un mandato, poder y presupuesto de unos electores para que les contribuyan y lo que hacen es violentar a sus contradictores. Con su ideología de seguridad nacional, su política del enemigo interno y su directriz de  «secarle el agua al pez», el estado colombiano simplemente niega la posibilidad de la convivencia y alienta la violación de los derechos básicos, los humanos, que debe defender.

Para las FARC, la defensa del pueblo es su esencia. Sus intereses son los mismos. Somos parte de el. No defendemos los intereses de las multinacionales, ni del imperialismo, ni de las oligarquías, ni de los ricos, ni de los terratenientes. Si eventualmente en la dura confrontación que vivimos se afectan personas ajenas al conflicto, ello no es fruto de nuestras políticas u orientaciones. Por lo mismo, somos los mas interesados que, de cara al país, abordemos esta discusión sin mas dilaciones.

A las organizaciones populares, partidos y movimientos ciudadanos, organizaciones de derechos Humanos y a todos aquellos que han manifestado de mil maneras su deseo y voluntad de contribuirle a Colombia participando de un proceso de reconciliación, les queremos decir que estamos de acuerdo con su participación activa, que la  consideramos necesaria.

Que Colombia requiere de un escenario, a un cuando sea temporal, para hablar y que es  el gobierno y solo el gobierno el que puede garantizarlo.

Les queremos también decir, que las disculpas y las  truculencias propagandísticas utilizadas por el gobierno para mostrarnos esquivos a las conversaciones, solo son patrañas que esconden la ausencia de una voluntad oficial por los acuerdos políticos, mientras inundan de guerra y confrontación la geografía nacional buscando la derrota militar de la insurgencia y de la protesta popular. La misma táctica de tantos gobiernos que lo antecedieron, proclives a dejarse convencer por quienes insaciablemente viven pidiendo más y más presupuesto para la guerra, con la promesa de acabar por esa vía la inconformidad nacional en dos días o en 18 meses.

Ratificamos nuestra voluntad de encontrar los caminos de la solución política al conflicto social y armado como también nuestra indeclinable decisión de continuar la lucha por una patria nueva y amable, con justicia social y democracia, con soberanía nacional e independencia. Nada nos hará retroceder en la búsqueda de los objetivos de dignidad y respeto que enarbolamos desde hace 31 años en Marquetalia y que recoge largos trechos de entrega, sufrimientos y lucha de nuestro pueblo por encontrar al fin, la paz para todos.

Llamamos a los colombianos a mantener en alto las banderas de la democracia, la justicia social y la soberanía. A continuar luchando por ellas. A organizarse y movilizarse porque solo con el esfuerzo colectivo lograremos encontrar la paz que hace años buscamos con esmero.

Saludamos a los presos políticos que llenan las cárceles del país por el único delito de servirle a la causa de una nueva patria. Y recordamos a todos quienes entregaron su vida en esta lucha convencidos que algún día sus sueños e ideales, serían alcanzados para bien de Colombia. A todos ellos les aseguramos, que acá continuamos con el compromiso, la tenacidad y el optimismo de siempre.

Montañas de Colombia, mayo de 1.995.