Ilustrativa ha debido resultar para Uds., la sesión conjunta de las comisiones de asuntos constitucionales adelantada la semana anterior, con participación de representantes de organizaciones sociales, derechos humanos, juristas, la iglesia y el defensor del pueblo quienes de manera unánime, rechazaron las iniciativas presidenciales de orden publico que están en trámite .

El enorme contraste entre la riqueza argumentar de todos los invitados, con la pobre y por el momento sin entendible intervención del ministro Villegas, evidencian los profundos abismos existentes entre la administración y el país nacional, entre un gobierno que transpira intolerancia, terror, odios e improvisación y una mayorías anhelantes de democracia, justicia social, entendimiento y reconciliación.

No fue la discusión coyuntural sobre un proyecto de ley, de si mantiene o se elimina estos o aquellos artículos, de si se aprueban transitoria o permanentemente unas propuestas. Fue el perentorio cuestionamiento a la reaccionaria visión gavirista de resolver todos los problemas con los fusiles, el terror y la prisión.

No más violaciones a las libertades individuales, ni mordazas a la prensa y a la libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, no mas códigos de procedimiento penal por encargo, mas respeto a la libertad y a la vida, manejo democrático a la problemática social y política del país, no mas poderes a los militares en detrimento de la civilidad, no mas impunidad, no mas terror ni barbarie, freno al paramilitarismo fueron algunas de las observaciones vertidas en esta sesión.

Y es que si repasamos con cuidado los últimos 40 años de nuestra historia nacional, observaremos idéntica conducta de la gran mayoría de los gobiernos: estados de sitio, estados de seguridad, estados de conmoción interior, leyes de orden publico, todos iguales, enfilados a mantener en desarrollo el terrorismo de estado contra un pueblo que no ha tenido mas alternativa que la lucha para conquistar la paz.    

La cultura de la muerte y la intolerancia ha hecho carrera, impuesta por quienes invariablemente piden mas dinero y hombres para la guerra, mas leyes que corten las libertades publicas y facultades extraordinarias, mientras estimulan y alcahuetean al paramilitarismo, las desapariciones, las torturas y la impunidad.

Es que el estado colombiano nunca le ha gustado la oposición, por eso se ha dado orden de exterminio. Lo que huela a establecimiento es subversión y hay que aplastarlo.

Para eso, ahora crearon las brigadas móviles incluidos sus especialistas en vestir de guerrilleros a los campesinos que masacran; para eso armaron y patrocinan al grupo paramilitar comandos populares EPA, en Urabá; y pusieron en Bogotá al general Adrada, verdadero especialista en estas lides; y protegen en la capital de la república, las hordas de sicarios del señor Carranza; y refuerzan los paramilitares de Santander, la Costa y el Magdalena Medio, para que el gobiernismo pueda realizar campaña electoral a sus anchas, mientras sus contradictores se juegan la vida en cada discurso que pronuncian. Bendita democracia.   

Pero, no se puede construir una democracia de esta manera, ni haciendo una nueva constitución para violentarla bajo la presión del chantaje presidencial, o reformándola cada que el dictador le de la pataleta, ni convirtiendo en permanentes normas de excepción que se han aprobado para superar estadios transitorios, a no ser que se quiera maniatar el futuro gobierno para mantener el desangre nacional.

Ni se puede construir la democracia colocándole de guarda espaldas, a candidatos y parlamentario, a la fuerza publica, sobre todo cuando se sabe que es ella uno de los principales factores de violencia que existen en el país.

Merece una profunda reflexión este debate de las comisiones constitucionales con sus invitados, al igual que las consideraciones del reciente pronunciamiento de la corte constitucional en torno de la ley antisecuestro:

¿Será que las deficiencias de cada gobierno y las incapacidades del estado, justifican una normatividad que violente permanentemente a cada ciudadano?

¿Será que «el estado lo es todo y el individuo no importa» como lo piensan los doctores Gaviria, Villegas, Pardo Rueda y el general Pinochet?

Vale la reflexión antes de la votación.

Atte.   SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL