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Seguimos cumpliéndole a la paz

Español
Autor: 
Rubín Morro

Mientras las fuerzas de la guerra, el odio y la venganza representadas en el Centro Democrático, partido político que gobierna en Colombia y el propio presidente de la república, villanamente objeta la “Ley Estatutaria de la JEP”, la farianidad sigue cumpliendo fielmente con los acuerdos de paz. 


            El estado  tiene la obligación política y jurídica  ante la sociedad colombiana y ante el mundo  de cumplir integralmente con lo firmado en los acuerdos de  paz. La comunidad internacional  fue garante de estos acuerdos. Este hecho histórico, en los  últimos 60 años, debe reconocerse como el más grande acontecimiento político por la  vida, la paz y el futuro de Colombia. El proceso de paz acabó oficialmente con una confrontación armada brutal con la responsabilidad directa del estado colombiano, que no fue capaz en 53 años de otorgar las mínimas garantías para  pactar la convivencia y la reconciliación con la sociedad y la insurgencia de las FARC-EP.

            Hoy cercanos a nuestro 55 aniversario, la situación política  ha cambiado,  muy a pesar las asimetrías, incumplimientos, puñaladas mortales contra la paz, avanzamos en medio de las dificultades: hay un pueblo en lucha que ha perdido los miedos, unas fuerzas democráticas que se unen por la vida, una militancia fariana que persiste con terquedad por la paz, en medio del estigma, las calumnias y los odios de los señores de la guerra.

            Si, desde hace un par de meses todos los antiguos ex comandantes de las FARC-EP, han  ido circulando  ante la Jurisdicción Especial para La Paz, en nuestra versión voluntaria de los hechos que significaron nuestra participación colectiva e individual en el marco del conflicto social y armado en Colombia. Han concurrido ante tribunal para la paz, acordado en La Habana entre el estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo- FARC-EP, con voluntad plena de aportar verdad para que haya Justicia, Reparación  a las víctimas y Garantáis de NO repetición de la guerra.

 

             “La jurisdicción Especial para la Paz, hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, (SIVJRNR) . Los objetivos del componente de justicia del SIVJRNR son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad plena a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos”.

            “El funcionamiento del componente de justicia del SIVJRNR es inescindible (que no se puede cortar o dividir) y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado, y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores”. “El resultado final de la aplicación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición, debe garantizar la seguridad jurídica para promover una paz estable y duradera”.

          “El componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión”.

          “Se entiende por agente del Estado a efectos de la Jurisdicción Especial para la Paz toda persona que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal estuviere ejerciendo como miembro de las corporaciones públicas, como empleado o trabajador del Estado o de sus entidades descentralizadas, territorialmente y por servicios, que haya participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado”.

          La Corte Constitucional,  el congreso de la república, la procuraduría y la sociedad en su conjunto  deben exigirle al presidente sancionar  “La Ley estatutaria de la JEP”  y  derrotar las pretensiones partidistas a las objeciones a la Jurisdicción  Especial para la Paz. Todos los actores del conflicto social y armado necesitamos seguridad jurídica, tal como está estipulado en los acuerdos de La Habana firmados en el teatro Colon el pasado 24 de noviembre de 2017.

          Seguiremos avanzando y cumpliendo con lo acordado si vacilación, sobre la base del  Acuerdo Final de Paz, con todo su poder jurisprudencial.  En él, están configurados los anhelos y la esperanza de una nación que no queremos más guerra y amamos la paz. Toda la Colombia entera estamos con la “Minga Social”, liderada por la población más excluida de la Colombia profunda.

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