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Queremos paz, no pacificación

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Autor: 
Rizoma solidario.org

Conclusiones sobre los hechos ocurridos durante el mes de Agosto de 2018

Análisis mes de agosto

Según esta tabla, en el mes de agosto los líderes víctimas fatales son 35 casos y 38 víctimas fatales. Así: 12 del departamento del Cauca, 4 del departamento del Meta, 3 de Nariño, 2 del departamento del Putumayo, 2 del departamento del Guaviare, 2 de Antioquia, 1 del Tolima, 1 de Risaralda, 1 del Magdalena, 1 de Armenia, 1 de Santander, 1 del Cesar, 1 de Córdoba, 1 del Caquetá (que venía desplazado del Valle del Cauca), 1 de Córdoba, 1 de La Guajira; 3 en el Meta.

Así mismo, hechos de amenazas, bombas, atentados, violencia sexual se registran 20 eventos en total, así, 4 eventos en Bogotá, 2 eventos en el Catatumbo Norte de Santander, 2 eventos en Cauca;  2 eventos en el Meta; 1 evento en Barranquilla, Atlántico; 1 evento en Sucre; 1 evento en Santiago de Cali, Valle; 1 evento en Magdalena; 3 eventos en el Cesar; 1 en Putumayo y 1 en Soacha, Cundinamarca.

En Colombia 19.000 personas han sido desplazadas en 2018 según Acnur en sólo el primer semestre y dice el informe, que, entre ellas, por lo menos, 10.000 corresponden a la región del Catatumbo, Norte de Santander. Además, señala que este fenómeno se repite en zonas de las fronteras con Ecuador, la frontera con Panamá y la frontera con Venezuela.

Como podemos ver hay una actividad concentrada de asesinatos y amenazas hacia el sur occidente, especialmente hacia El Cauca, donde al parecer hay disputas entre varios grupos armados por el control territorial. Con el Chocó se aplica otra metodología, pareciera que lo están rodeando, por el San Juan y por el Urabá. Podríamos considerar que el análisis de la Procuraduría está desactualizado, porque ubica al Chocó como la zona de mayor conflicto, y evidentemente existen disputas territoriales entre actores armados, pero la situación de los líderes es más grave hacia el departamento del Cauca, por lo menos desde la elección de Iván Duque y posterior a su posesión. En el Chocó al parecer están implementando la modalidad de cercarlo y de confinar a los pueblos indígenas y afrocolombianos.

Violencia contra las mujeres

Cinco casos de muerte y dos de violencia sexual, y una niña herida, son los casos que incluye esta tabla. Uno de los casos muy impactantes, es el sucedido con la esposa de un dirigente de la Unión Patriótica del Meta que fue desaparecido y asesinado. Ella fue víctima de violencia sexual y por poco degollada.

Los casos de las mujeres deben verse con sumo cuidado, porque las líderes generalmente son madres y han tenido bajo su responsabilidad la cohesión del tejido social de sus comunidades y del cuidado de los recursos naturales. Generalmente los casos de amenazas contra las mujeres vienen acompañados de la advertencia de violencia sexual.

Es importante tener en cuenta para contextualizar que en el Pacífico el gobierno nacional del doctor Juan Manuel Santos, firmó, luego del acuerdo de Paz con las FARC, un acuerdo económico “Del Pacífico”, que puede estar relacionado en el marco del acuerdo “Transpacífico de cooperación económica” que se da en el marco del “desarrollo” del Tratado de Libre Comercio. Este problema también es evidente en el departamento del Meta, hacia la Macarena donde hay exploraciones minero-ambientales, acompañada de presencia de multinacionales en el territorio y en el Chocó, donde el paramilitarismo avanza desde el sur y desde el Norte.

Sobre el Cauca, el Chocó y el Valle del cauca, El Proceso de Comunidades Negras precisa en un comunicado, “La alerta es inminente, se trata del genocidio del Pueblo Negro” (sábado 21 de julio de 2018) y señala “lo que enfrentamos en Colombia es una estrategia de aniquilamiento sistemático y deliberado de la existencia como Pueblo, mediante diversas formas violentas directas e indirectas paraestatales y gubernamentales. En tanto es un proceso sistemático de negación del derecho a existir, una negación del derecho a la vida, en el marco de lo que somos, donde estamos y qué nos pertenece. Lo que nos está pasando no es otra cosa que un genocidio, y así debe ser enunciado”. Más adelante el mismo comunicado anota, “En Buenaventura se intimida, desplaza y asesina para ampliar el puerto y desarrollar megaproyectos turísticos. En Tumaco se intimida, desplaza y asesina para sostener economías de guerra que requieren control territorial. En el Cauca y el Chocó se intimida, desplaza y asesina para desarrollar la macro-minería –objetivo de desarrollo de Santos y Duque– y sostener el corredor de la economía de las armas y las drogas, que a su vez sostiene la economía de guerra de la que dependen los grupos armados del estado, el para-estado y las guerrillas”. Finaliza el comunicado diciendo, “Es claro que nuestras vidas han estado definidas por dos rutas: la del genocidio/etnocidio o la de la resistencia y la lucha por la defensa del derecho a existir (ser/vida) y el derecho a tener un espacio físico donde la vida, el ejercicio del Ser, las prácticas del Ser se desenvuelvan y progresen”.

Colombia Plural por su parte dice, en una nota que se titula “La balcanización del Cauca”, que el departamento “sufre las consecuencias de una dura lucha por el control territorial. Paramilitares, disidentes de las FARC y poderes locales” así mismo señala que “los cultivos de coca y marihuana ya bajan hasta los bordes mismos de la vía” (Artículo del 18 de agosto de 2018). Y es evidente, las comunidades del Cauca realizan procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y vienen generando otro tipo de economías lícitas y del cuidado del medio ambiente.

Por su parte la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros señaló el 23 de agosto en “Blú radio” que la fiscalía ha materializado 150 capturas y que hay cerca de 200 personas vinculadas con los asesinatos de los dirigentes sociales. Del mismo modo indicó que “en el bajo Cauca Antioqueño y la región del Urabá el problema radica en la reclamación de tierras en donde los responsables se relacionan con grupos armados y empresarios que se niegan a entregar a los dueños legítimos sus territorios”. (El resaltado es nuestro).

América Latina

No sabemos si es “coincidencia”, pero llama la atención que varios países latinoamericanos están denunciando los asesinatos contra los protectores del agua y de los recursos naturales, como en Colombia. No sabemos la magnitud y las proporciones, pero en centro América este tema se desarrolló a partir del asesinato de la líder ambientalista, Bertha Cáceres.  

Pareciera que existe una nueva estrategia de reconfiguración violenta de los territorios, evidente en zonas de frontera, por ejemplo, entre Guatemala y Honduras, entre Colombia-Brasil-Ecuador. Varios dirigentes de un lado y otro están siendo asesinados. El clima de violencia que se mueve en la América Latina, al parecer tiene como foco el control del agua y de las zonas madereras, así como las rutas de narcotráfico y  la implementación del fracking.

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