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La cosa juzgada sobre la cosa juzgada o la muerte del proceso de paz

Español
Autor: 
Omar de Jesús Restrepo

La politización descarada de la justicia, la politización mal intencionada de hundir a la JEP con las burdas triquiñuelas de volver sobre la cosa juzgada y así aclimatar el sentimiento de sospecha contra la JEP, como aliada embozada de los exguerrilleros de las FARC, es una puñalada en la espalda a los Acuerdos de paz


Nuevamente, haciendo el cumplido de sus padrinos políticos y en consonancia con la agresiva intención del presidente Iván Duque y el Centro Democrático de hacer trizas el proceso de paz, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, arremetió hoy contra la JEP y contra el Estatuto de la Ley Estatutaria de la misma. Martínez actuó con su característica mala fe jurídica, manipulando y poniendo en tela de juicio el principio fundamental del derecho constitucional de la cosa juzgada. La ocasión no puede considerase más oportuna, cuando el gobierno nacional se dispone a dar un paso decisivo y que es como una crónica de una muerte anunciada: dar la estocada mortal a la columna jurídica del proceso de paz al declarar este Estatuto de Ley Estatutaria de la JEP como inconveniente.

El gobierno de Duque está dispuesto a sortear el descrédito internacional que esta declaratoria nefasta podría atraerle y hace oídos sordos al criterio que el Procurador General, Fernando Carrillo, y prestantes juristas como Juan Carlos Henao, entre otros han hecho en defensa de la JEP.  Para ello el Fiscal le sirve de pantalla protectora, de paracaídas a ese salto mortal del gobierno nacional. 

Luego del respiro que le permitió sobrepasar la crisis de legitimidad a que se había expuesto por el caso Odebrecht, tras el atentado del ELN al Cuartel de Policía, el fiscal Martínez más orondo y cínico que antes, se presenta a última hora como el adalid de la justicia y vela por los derechos de las víctimas. Es el bufón jurídico de la corte duquista, que hace de la cosa juzgada, es decir, de la decisión que ya había tomado la Corte Constitucional sobre estos asuntos, un juego de azar y lo ventila a luz pública sin el mínimo pudor. A la cosa juzgada, es decir, al principio constitucional-jurídico, se le puede así violar y desconocer.  Se puede decir, pues que la cosa juzgada no es cosa juzgada, no en derecho y ante las cortes respectivas, sino a viva voz en los micrófonos para darle combustible a una fechoría que ya está de ante mano prejuzgada. El gobierno Duque precisa ahorcar la JEP; mutilarla y dejarla en un limbo definitivo. Pero no la cierra brutalmente de entrada (no le echa físicamente candela) sino que lo hace del modo hipócrita de la república santanderista de Colombia: hace de la interpretación torcida de la ley un arma mucho más fatídica.

La politización descarada de la justicia, la politización mal intencionada de hundir a la JEP con las burdas triquiñuelas de volver sobre la cosa juzgada y así aclimatar el sentimiento de sospecha contra la JEP, como aliada embozada de los exguerrilleros de las FARC, es una puñalada en la espalda a los Acuerdos de paz. Ello significa rememorar el fantasma del Plebiscito y de hecho erosionar en su núcleo la seguridad jurídica de los mismos excombatientes y de todos quienes se han presentado ante esta instancia especial de juzgamiento. No importa. El clima político en que logró repuntar ante la opinión pública el presidente Duque, que estaba sin rumbo fijo hasta diciembre pasado, hoy favorece estos pronunciamientos del Fiscal que encuentra con ello también una oportunidad de oro para atornillarse a un puesto del que tambaleaba solo unas semanas atrás. El Fiscal favorece a Duque, Duque al Fiscal.

La triada política de Duque, a saber, restablecer la “seguridad democrática” (con la red de delaciones), arremeter contra la JEP (que implica también enviar en extradición al camarada Santrich) y apoyar la invasión militar a Venezuela (como mensajero de la guerra de Trump), parece rendir sus frutos a corto plazo. En este río revuelto de la psicosis de guerra, el Fiscal Martínez aprovecha para dar la bendición de defunción jurídica a la JEP, es decir, sepultar de una vez los Acuerdos de paz y reiniciar el ciclo de la guerra civil colombiana y Duque apoyarse en los criterios del Fiscal para santificar jurídicamente su crimen político.            

La única salida que vemos, como partido, ante este negro panorama que se nos avecina, es la movilización social callejera, las manifestaciones pacíficas en plazas, en las grandes y pequeñas ciudades. Es convocar al mayor número de partidos demócratas, de organizaciones de derechos humanos, de campesinos, líderes sociales y, en consonancia con la inteligencia humanista y pacifista del país y el mundo, a salir a decir NO MÁS ATROPELLOS. La paz está en peligro, los Acuerdos de paz de La Habana están en el limbo. Debemos salir a defenderlos, una vez más.        

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