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DURA CONDENA CONTRA UNIBAGUE POR CASOS DE ACOSO SEXUAL

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Autor: 
Editor en jefe

La sala sexta de revisión de la corte constitucional analizó las 450 páginas de la tutela instaurada por la profesora Mónica Godoy Ferro, contra la universidad de Ibagué, entidad que la despidió luego de denunciar varios casos de acoso laboral y sexual al interior de la institución de educación superior, el despacho judicial tomó una determinación histórica a favor de la accionante y exige al plantel tomar medidas contundentes para acabar con esas aberrantes prácticas.

Mediante la sentencia T-239/18 el alto tribunal expone en 102 páginas su fallo de última instancia frente a la destitución de la docente por haber exteriorizado los casos de acoso sexual y laboral ocurridos al interior de la universidad de Ibagué, que sin importar su estatus de privada debe evitar ese tipo de delitos. Dentro de los folios aparece como se defendió la institución frente a esta denuncia y en realidad fue muy pobre, pues trataron siempre de demostrar que solo el comité de convivencia de la universidad era el competente para conocer de estos escándalos y únicamente ellos podrían en un momento determinado tomar cartas en el asunto, además de expresar que no retiraron a Mónica Godoy Ferro, por querer buscar justicia frente a lo acontecido, sino porque el contrato estaba apunto de expirar.

Dentro del centenar de folios que conforman este histórico fallo, se puede ver como se basa en las 450 páginas de la tutela presentada por la accionante, donde demuestra como la universidad de Ibagué, despide no sólo a la quejosa, también otras empleadas de la institución de educación superior, quienes eran víctimas del acoso sexual y labora, además que conociendo los docentes culpables de las intimadaciones a alumnas algunas de ellas menores de edad, los siguen teniendo en la nómina, situación muy delicada y de extremo cuidado.

Por eso resuelve:

PRIMERO: Revocar la Sentencia de segunda instancia dictada el 2 de noviembre de 2017 por el Cuarto Civil del Circuito de Ibagué (Tolima) que, a su vez, confirmó la decisión de primera instancia, proferida el 19 de septiembre de 2017 por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué (Tolima). En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la no discriminación y a la libertad de expresión de Mónica Godoy Ferro.

SEGUNDO: Ordenar a la Universidad de Ibagué que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a REINTEGRAR a la accionante Mónica Godoy Ferro, a un cargo de iguales o mejores condiciones al que ocupaba al momento de su desvinculación, por el lapso que restaba para concluir el término de prórroga pactado el 18 de junio de 2017.

TERCERO: Ordenar a la Universidad de Ibagué que, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la notificación de la presente decisión, reconozca y pague a la accionante todos los salarios y prestaciones sociales a las cuales tenga derecho desde la fecha en la que fue desvinculada y hasta el momento en el cual se haga efectivo su reintegro, con la deducción que corresponda a los dineros que se cancelaron a la actora con motivo de la liquidación y de la indemnización por terminación sin justa causa del contrato laboral.

CUARTO: Instar a la Universidad de Ibagué para que, si aún no lo ha hecho y en el marco de sus funciones, implemente un protocolo de actuación para los casos de violencia de género en la institución, así como rutas y procedimientos claros y efectivos para el trámite de las posibles denuncias de acoso laboral.

QUINTO: Exhortar al Ministerio de Educación Nacional para que establezca lineamientos para las instituciones de educación superior en relación con: (i) los deberes y obligaciones de las universidades, instituciones técnicas y tecnológicas en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden al interior de las mismas; y (ii) las normas y estándares que regulan la atención de casos de posible discriminación en razón de sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los centros de educación superior.

SEXTO: Compulsar copias del expediente de la referencia (T-6.617.263) y de esta providencia a las siguientes autoridades: (i) a la Fiscalía General de la Nación, para que valore la procedencia de iniciar las investigaciones correspondientes en relación con la posible comisión del delito de acoso sexual; y (ii) al Ministerio de Educación Nacional para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales de suprema inspección y vigilancia, desarrolle las actuaciones a las que haya lugar respecto de las situaciones expuestas en el presente proceso.

SÉPTIMO: Por Secretaría General de esta Corporación, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en el sitio web de la Corte Constitucional y cúmplase.

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