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Declaración Publica "Una vez más se atenta contra la integridad del Acuerdo de Paz"

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Autor: 
Consejo Político Nacional

Con relación al proyecto de acto legislativo aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Congreso de la República, el día de ayer 31 de octubre de 2018, que adiciona dos artículos transitorios al acto legislativo 001 de 2017, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común declara:

Una vez más, desde el Congreso de la República, se atenta contra la integridad del Acuerdo de Paz, en esta ocasión a partir de un proyecto presentado por los partidos: Centro Democrático, partido de gobierno, y Cambio Radical,  con el claro y decidido apoyo de las ministras del Interior y de Justicia, lo que deja serias dudas frente al compromiso, reiterado en distintos escenarios nacionales e internacionales, por el presidente Duque, con la paz y la implementación de los acuerdos de La Habana; así como con las víctimas del conflicto y las obligaciones internacionales del Estado, del que hoy día es Jefe.

Llama profundamente la atención que este proyecto de acto legislativo se presente en medio de las más groseras intervenciones y presiones contra la independencia de la jurisdicción Especial de Paz y en general contra el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, con la clara intención de desvirtuar los propósitos principales del sistema de justicia contenido en el Acuerdo de La Habana: Aportar con el esclarecimiento de la verdad al resarcimiento de los derechos de las víctimas del conflicto y la reconciliación nacional.  Esta intención se acredita con la introducción en el texto aprobado del término “confesión”, obviando que la JEP creada por el Acuerdo de Paz tiene como columna vertebral el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas y frente a todo el país, pretendiendo así la reforma convertir el SIVJRN en otro ineficaz sistema penal productor de impunidad, como ha sido históricamente habitual en Colombia.

Si bien es cierto que la pretensión de crear una sala especializada para el juzgamiento de los crímenes de Estado, cometidos por las Fuerzas Militares y de Policía, tras la que se buscaba escudar las responsabilidades de funcionarios civiles y de los llamados civiles terceros, no prosperó, lo cierto es que el nuevo proyecto aprobado establece “grupos de magistrados” en la JEP que “trabajaran de manera separada en el estudio de los casos de las guerrillas y de agentes del Estado”, lo que en la práctica supone la conformación  de Salas y Secciones de la JEP separadas para miembros de la Fuerza Pública y agentes el Estado. Por otra parte el proyecto aprobado acaba con la independencia e imparcialidad judicial de la JEP al incorporar 14 magistrados a cada sección y sala de la JEP – frente a los seis magistrados y magistradas que cada sección o sala tienen de media actualmente- elegidos por órganos del Estado que han sido parte de la institucionalidad del Estado durante el conflicto armado. Es decir, la institucionalidad del Estado elegirá a los nuevos magistrados que juzgaran a los miembros de dicha institucionalidad del Estado que tengan responsabilidades derivadas del conflicto. Falta absoluta de parcialidad que se aprueba cuando ya entró en vigencia la JEP conculcando el principio de competencia del juez predeterminado por la ley.

El acuerdo político que sustenta dicho acto legislativo es claramente contrario al Acto legislativo 002 de 2017 sobre estabilidad e inamovilidad del Acuerdo de Paz, además  y obviamente augura que en el futuro se seguirán presentado nuevos proyectos legislativos que terminen por desnaturalizar el Acuerdo de paz hasta conseguir garantizar la impunidad absoluta de los mismos que siempre han disfrutado de ella en Colombia, situación de impunidad que por primera vez se podía quebrar en nuestra historia gracias al Acuerdo de Paz. De entrar en vigencia esta nueva reforma, pediremos la inmediata intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que sin duda encontrará motivos para dar un paso más allá de la situación actual de observación a Colombia.   

Hacemos un llamado a los Países Garantes, a la segunda Misión de las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a los ex presidentes Pepe Mujica y Felipe González, a la Corte Penal Internacional, a las organizaciones de derechos humanos, y a la sociedad en general, a tomar nota de los riesgos que entraña la idea de seguir alterando un tratado de paz que puso fin a un conflicto de más de medio siglo; que tiene carácter de Acuerdo Especial a la luz del Derecho Internacional Humanitario, cuyo texto fue incorporado en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en virtud de una declaración unilateral del Estado colombiano, y que hace parte de la Constitución por vía del bloque de constitucionalidad, en todo lo relacionado con los derechos humanos, según sentencia de la Corte Constitucional; que además, se ha ganado el reconocimiento mundial, como ejemplo de solución civilizada de los conflictos. 

Valoramos el diálogo político entre los distintos sectores de la vida nacional, que se abrió en el marco de la discusión de dicho proyecto, como una señal inequívoca de que es posible aclimatar un ambiente de diálogo y convivencia entre todos los colombianos, pese a las profundas diferencias que nos distancian, sobre la base del respeto, el reconocimiento mutuo y el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos, en función de permitir el tránsito de una sociedad destrozada por un largo conflicto, a una sociedad que comience a sentar las bases para una paz estable y duradera.

Exhortamos a todos los demócratas, a los partidos políticos que han acompañado la búsqueda de la paz, a las organizaciones sociales y populares, particularmente a las organizaciones de víctimas, a mantenerse alerta, y alzar su voz de protesta y movilizarse, frente a todo intento por afectar el derecho de los colombianos a una paz, construida sobre la base del respeto de los derechos de los millones de víctimas del conflicto.  Llamamos especialmente a quienes participaron en la Mesa de Conversaciones de La Habana, como plenipotenciarios o como asesores, a que hagan gala de la coherencia y seriedad imprescindible que implica respetar íntegramente lo acordado y el compromiso adquirido por Colombia ante la Comunidad Internacional

De nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso íntegro con lo acordado en La Habana y específicamente con la Jurisdicción Especial para la Paz.

¡Sin verdad, no hay justicia!

¡Sin justicia no es posible que germine la primavera de la paz!

 

Consejo Político Nacional

 Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC.

Bogotá, 1 de noviembre de 2018.

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