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17 meses  de reincorporación integral

Español
Autor: 
Rubín Morro

De la vida civil partimos para la insurgencia  unos  muy jóvenes  y otros  mayores, pero en todos hubo  una constante, exclusión, falta de oportunidades, persecución y amenazas. Todos nacimos en un país de desigualdades y en medio de una violencia política. Todos los gobiernos han asumido su rol dictado por los dueños del  país: La oligarquía bandida y corrupta, una buena parte del congreso, la cámara, todo el establecimiento confabuló y lo sigue haciendo aún,  contra el pueblo y sus organizaciones. La violencia política  se ensañó  no solo contra los combatientes en armas, fue además contra los campesinos, las familias, desde los niños hasta los viejos, contra mujeres  embarazadas, muchas de ellas  asesinadas. Ardían los pueblos porque se era liberal o conservador. Estas acciones  de terror  generaron más violencia. Morían las viejas generaciones y las nuevas heredamos  este estigma del horror y la barbarie, los muertos se cuentan por millares.

Las FARC-EP  y como resultado de los acuerdos de paz,  hace 17 meses regresamos a la legalidad, luego de haber“Dejado   las Armas”, más de 9000; entregando toda nuestra economía de guerra al estado y de parte del gobierno permitirnos  una reincorporación integral a la sociedad, hacer política abierta y legal y con plenos derechos ciudadanos, y por eso  avanzamos abrazados a la sociedad en la construcción de la paz completa. Es este un  proceso  complejo, donde  la incertidumbre, la desconfianza y las expectativas fueron y siguen siendo enormes. Reconocemos la nueva situación política y el paso dado por el estado. Se paró una guerra de más de medio siglo. Un presidente, titubeante,  por fin había reconocido el conflicto social y armado y entendió que bien valía la pena buscar la paz, dejar  atrás la guerra y sus secuelas, la victimización de millones de personas. Y como un lastre miserable en el proceso de paz,  aún, persiste la  guerra.

Ante muchas dudas y escépticos  estamos en la implementación de los acuerdos de  paz. Hemos avanzado pero no al ritmo que está estipulado en lo pactado. El pueblo ha tenido algunas conquistas y también los ex integrantes de las FARC-EP. Hemos logrado con esfuerzo propio y  autogestión un empoderamiento colectivo en la realización de algunos proyectos económicos, como parte de nuestra reincorporación. Pero la deuda del estado con los ex guerrilleros (as) y el pueblo   es muy grande. El gobierno busca sistemáticamente destruir la esencia de los acuerdos de paz.

Llegar nuevamente  a la  legalidad no ha sido fácil, siempre nos asocian con la violencia, con el terrorismo, puesto que la propaganda y la guerra psicológica se mantiene con sus estigmas infundados. Existen partidos políticos y caciques políticos cuya  filosofía es la guerra y se beneficia de ella. La paz los asfixia y el pueblo exige verdad, convivencia, reconciliación y No repetición de la oscura noche de la guerra.

Una legalidad que desconocíamos  la militancia fariana. En la confrontación armada contra el estado construimos nuestra propia forma de convivencia  colectiva, con plenos  derechos, basados en la ética, el respeto y la solidaridad. Ahora nos encontramos con el individualismo, los vicios, la trampa y la irracionalidad de muchos. Pero estamos avanzando, hemos aprendido, a hacer la fila interminable para una cita médica, después de semanas y hasta meses en  obtenerla. Hicimos uso del sufragio  por primera vez para las elecciones legislativas y presidenciales del 2018.  Estamos en la legalidad  haciendo uso de nuestro deber ciudadano.  La sola afiliación a la EPS asignada fue un trauma. Primero un código, luego el número de la cédula, vaya, venga y al fin la cita.  Sabemos ya  utilizar los cajeros electrónicos, los servicios de mensajería de giro y retiro; conocimos  las normas de tránsito, cómo y por donde pasar la calle, subirnos y como “nos bajan del Transmilenio”. La etiqueta en ciertos lugares,  hacer cola para un cine, sacar el RUT, hacer una cuenta de cobro,  cambiar un cheque, empujar el “carrito” en los grandes centros comerciales, los soportes, las facturas, el IVA, el NIT para legalizar los dineros cuando el partido nos asigna tareas de contratación de eventos. Hemos asimilado los engorrosos trámites al  arrendar un apartamento, el fiador, en algunas  partes los recibos  de los  tres últimos tres meses y antes de mudarnos del apartamento debemos cumplir con unas cláusulas legales, si se pasa el plazo  del pago del   arriendo, lo multan  etc. De acuerdo a las anteriores condiciones, es imposible que un ex integrante de las FARC-EP, pueda tomar un apartamento  en arriendo. Y sería importante también señalar otro obstáculo bien complejo para los farianos como es la contratación de un empleo, por un lado, nuestra historia laboral, por el otro nuestra formación profesional. El estado no tiene soluciones para estas realidades esenciales en el proceso de reincorporación. El manejo del dinero, presupuestar los gastos diarios, el pago de los servicios, las giras a las regiones. En la legalidad y su normatividad un mal manejo de dinero es un delito y se puede ir a  la cárcel.

Toda esta “bienvenida”  a la legalidad, ha requerido un esfuerzo nada fácil. Sin  desconocer los otros componentes de la reincorporación, creo que algo muy complejo es lo social. La administración  de los proyectos a través de las cooperativas ha sido todo un reto, nos falta más capacitación y en algunos más sentido de pertenencia y eso le sumamos las trabas del gobierno para su legalización y más duro, adquirir la cuenta bancaria. Por falta de acompañamiento y asesoría,  hemos actuado entre el acierto y el error. 

La transición integral a la sociedad es lenta y dispendiosa. Es una construcción social que nos llevara muchos años  con  un gobierno que  a “regañadientes” sostiene el proceso de paz. Nos hemos comprometido con la sociedad y no vamos a desistir en este propósito. Nada será fácil. Somos hijos de las adversidades y nada nos amilana.

Para finalizar,  desde siempre hemos entendido que los procesos de paz tienen  grandes complejidades  y que la mayoría  de intentos en Colombia por construir la paz han sido un desastre. El proceso de  paz de La Habana, debe ser la excepción, ya que  tiene un  respaldo popular  y  de la comunidad internacional. Seguiremos persistiendo, a pesar de las dificultades  que hoy vivimos  inmersos en esta legalidad santanderista y que es nuestro reto superar.

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